Mérida, 11 feb (EFE).- El sindicato CC.OO. ha exigido hoy a la Junta de Extremadura que cumpla los plazos en los pagos de subvenciones y conciertos para garantizar la viabilidad de las asociaciones de atención a personas discapacitadas y el pago puntual del salario a sus trabajadores.
En una nota remitida a Efe, la Federación de Enseñanza de CC.OO denuncia la "falta de seriedad" por parte de la Administración en el cumplimiento de los plazos establecidos para el pago de subvenciones y conciertos a estas organizaciones sin ánimo de lucro que son financiadas con dinero público.
Este "retraso" en los pagos, que de forma reiterada se repite año tras año, según denuncia el sindicato, da lugar a que el abono de las nóminas de los trabajadores correspondientes al primer cuatrimestre del año sufra una demora "considerable".
De este modo, lamenta, se crea una situación económica "insostenible" para los profesionales del sector.
CC.OO. subraya que la mayoría de los empresarios de este sector no consideran la atención a las personas con discapacidad en sus centros como un mero negocio, sino "todo lo contrario", porque muchas de estas empresas están constituidas por asociaciones de familiares de personas con discapacidad.
La calidad del empleo es la primera garantía del disfrute de los derechos recogidos por la Ley de la Atención a la Dependencia, subraya el sindicato, que apuesta por la dignificación del empleo en este sector.
Ello exige, según apunta, centros y servicios consolidados desde los conciertos educativos en el ámbito de la educación especial; centros asistenciales en funcionamiento por autorización y convenio o concierto económico con la Administración autonómica; y ayudas directas al empleo protegido en los centros especiales de empleo.
A juicio de Comisiones Obreras, para conseguir la dignificación profesional es imprescindible "un dispositivo profesional potente y bien remunerado".
Entiende que las administraciones públicas deben ser las garantes de este derecho constitucional más allá de la gestión que realicen las asociaciones privadas a las que la Administración pública cede esta obligación.
De no ser así, asevera, se pondría en peligro el derecho constitucional de los usuarios a ser atendidos debidamente y los puestos de trabajo de los trabajadores del sector.
Por ello, desea que la Consejería de Sanidad y Dependencia esté "a la altura de las circunstancias" y no consienta que esta situación se vuelva a repetir. EFE
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